Ciudad de México. La aseguradora francesa AXA ha iniciado un arbitraje comercial contra el Gobierno de México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La acción legal busca frenar la pretensión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de recaudar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los pagos realizados por siniestros.
Reclamo de AXA ante el CIADI
El arbitraje, presentado el 5 de diciembre de 2024, acusa al Gobierno de México de violar el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones firmado entre México y Francia en 1998. La compañía, encabezada por Daniel Bandle, alega que la exigencia del SAT de pagar un 16% de IVA sobre los pagos de siniestros y la compra de seguros no se ha realizado antes, y que su implementación podría llevar a la quiebra de la aseguradora.
Impacto financiero estimado
De acuerdo con las estimaciones, el monto total del IVA reclamado por el SAT en un periodo de cinco años podría superar los 200 mil millones de pesos. Este cobro, según AXA, pondría en riesgo su viabilidad financiera y afectaría gravemente a sus clientes en México.
Postura del gobierno
Hasta el momento, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido una declaración oficial respecto a la demanda. Sin embargo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador comentó en agosto pasado que se trata de un asunto “delicado y sensible”. Según López Obrador, se busca llegar a un acuerdo con la aseguradora para que cubra sus adeudos al fisco sin comprometer su operatividad en el país.
Antecedentes del conflicto
El SAT exige que AXA cumpla con el pago del IVA sobre todas las operaciones realizadas en México, al igual que lo hacen otras empresas nacionales. La aseguradora sostiene que esta medida nunca se había aplicado anteriormente sobre los pagos de siniestros y considera que representa un cambio inesperado en las reglas fiscales que rigen sus operaciones en el país.
Riesgos para el sector asegurador
Especialistas advierten que, de prosperar la exigencia del SAT, podría generarse un precedente que afectaría al sector asegurador en México, incrementando los costos operativos y generando incertidumbre entre los inversionistas internacionales.
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