Muchos asuntos judiciales esperan resolución por parte de la Corte desde 2019 y han dado lugar a que las presuntas violaciones a la Constitución estén vigentes.
El pasado 22 de noviembre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, hizo un breve recuento en el periódico Milenio de lo que a su juicio logró en sus cuatro años como presidente de la Corte. Más allá de posibles éxitos en aspectos de la Reforma Judicial que deberán ser evaluados sistemáticamente en su momento, y de otros avances mencionados en dicha columna, me quiero referir específicamente a uno de los asuntos más delicados y que tienen que ver con su papel como última instancia para dirimir diferencias entre poderes del estado, o entre órganos constitucionales autónomos y el legislativo, etcétera. Me refiero concretamente a amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por presuntas violaciones a la ley y a la Constitución, que ponen en entredicho nuestra democracia y nuestro régimen político. En particular, la serie de sentencias pendientes que tienen que ver con el papel de nuestras fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
Muchos de estos asuntos judiciales esperan resolución por parte de la Corte desde 2019 y han dado lugar a que las presuntas violaciones a la Constitución estén vigentes no se dicte sentencia. Y al estarlo, se afianza una situación de inconstitucionalidad de facto que cada vez será más cuesta arriba revertirla en caso de que así lo defina la Suprema Corte de Justicia. ¿Cuál es el orden que se sigue en la Corte para tocar los diversos asuntos? En principio hay un orden secuencial pero que puede ser modificado por muy diversas razones. Quien lo decide en última instancia es, adivinaron, el ministro presidente: Arturo Zaldívar.
Así, de acuerdo con el último reporte de Signos Vitales desde el 26 de junio de 2019 está pendiente de resolución la Acción de Inconstitucionalidad (AI) 63/2019 sobre el Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional. El ministro ponente es Javier Laynez Potisek. Igualmente, la AI 64/2019 de la misma fecha sobre el Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones y contra el artículo Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución federal en materia de Guardia Nacional sigue pendiente de resolución. Han pasado casi tres años y medio.
Las Controversias Constitucionales 85, 87, 90 y 91 de 2020 con fechas que van del 29 de mayo al 23 de junio de ese año sobre el Acuerdo presidencial por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, también siguen pendientes. Estas controversias fueron promovidas por los municipios de Colima y Pabellón de Arteaga (Aguascalientes), por el poder Ejecutivo de Michoacán, y por la Cámara de Diputados federal. La ministra ponente es Margarita Ríos Farjat y todas ellas siguen pendientes de resolución. Han pasado dos años y medio.
El Amparo en Revisión 282/2020 sobre la Ley de la Guardia Nacional referente al reclutamiento de la GN y a las operaciones y convenios en los que puede participar, promovido por la organización México Unido Contra la Delincuencia y obtenido desde el 4 de julio de 2019, y cuyo ponente fue la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue turnado al pleno el 30 de junio de 2021. Hoy este amparo sigue pendiente de resolución, después de tres años y medio.
Finalmente, el 24 de octubre de este año la jueza Karla María Macías, del Noveno Distrito en Guanajuato, otorgó una suspensión definitiva a la organización Uniendo Caminos México (UCMéxico) contra el decreto por el que la Guardia Nacional (GN) se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En su sentencia, la jueza ordenó a los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Sedena suspender de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales. Esta orden judicial no ha sido acatada por las secretarías mencionadas y no conozco de ninguna acción del Presidente de la Corte para hacer valer lo decidido por el Poder Judicial.
¿Por qué ha tardado tanto en deliberar estos casos la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué ha permitido la creciente e inconstitucional militarización del país? ¿Por qué ha abandonado su papel trascendental de ser el máximo Tribunal Constitucional? Arturo Zaldívar termina su periodo de presidente el próximo 31 de diciembre sin atender estos, y muchos otros asuntos, esenciales para la vidad democrática del país. ¿Se le puede llamar a eso ‘misión cumplida’? Quizás sí, si el ministro presidente no consideró como parte de su función salvaguardar la Constitución.
Si la Corte aspira a recuperar su relevancia constitucional deberá elegir muy bien a su próximo presidente o presidenta, y esa persona deberá enfrentar estos y otros asuntos espinosos de los cuales pende nuestra democracia, incluyendo la reforma electoral promovida por el presidente que motivará diversas acciones de legisladores, organizaciones civiles y otros actores más. Ojalá que la Corte esté a la altura del desafío histórico que enfrentamos.
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